El balizamiento homologado de vehículos oficiales de seguridad ciudadana no viola la autonomía administrativa ni presupuestaria de las alcaldías de la Ciudad de México, al ser una facultad del Poder Ejecutivo Local para garantizar la seguridad pública.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad del Acuerdo 64/2021 sobre el balizamiento de vehículos oficiales de policía de proximidad. La Alcaldía Benito Juárez argumentó que dicho acuerdo violaba su autonomía administrativa y presupuestaria. Sin embargo, el Tribunal Pleno determinó que la facultad de regular el balizamiento recae en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, como parte de sus atribuciones en materia de seguridad pública, y que la homologación no afecta la autonomía de gestión ni presupuestaria de las alcaldías, sino que busca garantizar la seguridad ciudadana a nivel general.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.