La autonomía de gestión presupuestaria de los órganos jurisdiccionales es un elemento esencial para garantizar la independencia judicial y una administración de justicia expedita, por lo que las legislaturas locales no pueden interferir en sus decisiones financieras mediante decretos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la autonomía de gestión presupuestaria de un poder judicial local. Determinó que el Congreso local, al emitir un decreto que se entromete en las decisiones financieras del poder judicial, viola la garantía de una administración de justicia expedita y la independencia judicial, al contravenir lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.