La tarifa especial del impuesto predial para planteles escolares no oficiales, prevista en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, requiere que el inmueble sea propio y esté destinado a la impartición de enseñanza obligatoria o universitaria autorizada, sin que sea indispensable que el propietario sea el titular de dicha autorización.

La contradicción de criterios se centró en determinar si para acceder a la tarifa especial del impuesto predial para planteles escolares, basta que el inmueble esté destinado a la actividad educativa o si se requiere además que la autorización para impartir enseñanza y la propiedad del inmueble recaigan en la misma persona. El Pleno Regional resolvió que la ley exige la propiedad del inmueble y su destino a la actividad educativa autorizada, pero no que el propietario sea quien posea la autorización para impartir dicha enseñanza.