El decreto que otorga una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos, sin la transferencia previa de fondos, es inconstitucional por vulnerar la independencia judicial y la autonomía presupuestal, al constituir una subordinación del Poder Legislativo sobre el Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto que le asignaba el pago de una pensión por jubilación a un trabajador, sin haberle transferido los recursos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto vulnera los principios de independencia judicial y autonomía presupuestal, al constituir una forma grave de subordinación del Poder Legislativo sobre el Judicial. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local modificarlo y establecer claramente la fuente de financiamiento o transferir los recursos correspondientes.