La omisión de solicitar una reasignación presupuestal, conforme al procedimiento establecido, impide que la carga económica impuesta a la Fiscalía sea considerada como un vicio propio del decreto impugnado.

La Fiscalía demandó la inconstitucionalidad de un decreto, argumentando que el Poder Ejecutivo local, al promulgarlo y publicarlo, tuvo conocimiento de una carga económica impuesta a la Fiscalía que no le correspondía, sin formular observación alguna. El Poder Ejecutivo respondió que la Fiscalía no expuso conceptos de invalidez por vicios propios respecto a los actos de sanción, promulgación y publicación. Adicionalmente, se señaló que la Fiscalía ha sido omisa en solicitar una reasignación presupuestal, conforme al procedimiento establecido, cuando las asignaciones no resultaron suficientes.