El Congreso local, al otorgar directamente una pensión, incurre en invalidez, independientemente de si la partida presupuestal asignada es idónea y suficiente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la invalidez de un decreto emitido por el Congreso del Estado de Morelos que otorgó directamente una pensión. Se determinó que el acto de otorgar la pensión por parte del Congreso es intrínsecamente inválido, sin importar si se asignó una partida presupuestal adecuada para cubrirla. La invalidez radica en la extralimitación de facultades del órgano legislativo al intervenir directamente en la concesión de pensiones, materia que corresponde a otras instancias.