La suspensión de juicios y procedimientos administrativos, así como la detención de plazos de prescripción y caducidad, procede en casos de lesiones graves y delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones y privación de la libertad, cuando la víctima se vea imposibilitada para acceder adecuadamente a la defensa de sus derechos.

El presente extracto establece que en casos de delitos graves o aquellos que afecten la libertad y dignidad de las personas, como la trata, secuestro, tortura o desaparición forzada, los jueces o autoridades deberán suspender de inmediato los juicios y procedimientos administrativos en los que la víctima esté involucrada. Esta suspensión, junto con la detención de los plazos de prescripción y caducidad, se mantendrá hasta que la víctima pueda ejercer adecuadamente su defensa, siempre que se justifique dicha imposibilidad.