La violación a los principios de presunción de inocencia y previo y debido proceso, que comprenden la legalidad, adecuada defensa y garantía de audiencia, anula la validez de los actos de autoridad que los contravienen.

Se determinó que la inobservancia de los principios de presunción de inocencia y previo y debido proceso, los cuales engloban la legalidad, la adecuada defensa y la garantía de audiencia, vulnera los derechos fundamentales del gobernado. Por lo tanto, los actos de autoridad que contravengan estas garantías deben ser invalidados, pues no cumplen con los requisitos esenciales para su validez.