El cobro por la búsqueda de información y expedición de copias certificadas, en el marco del derecho de acceso a la información, debe ser proporcional y no generar lucro para la autoridad, debiendo limitarse a los costos reales de reproducción y entrega.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de un cobro por búsqueda de documentos y expedición de copias certificadas establecido en una ley de ingresos municipal. Si bien reconoció que el derecho de acceso a la información no es absoluto y puede estar sujeto a ciertos cobros, determinó que estos deben ser proporcionales y limitarse a los costos de reproducción y entrega, sin que la autoridad pueda obtener lucro. La búsqueda de información es una función inherente a los servidores públicos y no debe ser motivo de ganancia, debiendo el legislador motivar reforzadamente cualquier cobro establecido.