La existencia del acto de aplicación de la norma general reclamada por parte del Secretario de Estado, así como la afectación al interés jurídico de la quejosa, son elementos que impiden declarar la improcedencia o el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto.

El tribunal colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a la quejosa. Se declararon ineficaces los agravios de las autoridades recurrentes en cuanto a la improcedencia y sobreseimiento, al haberse demostrado el acto de aplicación de la norma reclamada y la afectación al interés jurídico de la quejosa. Sin embargo, los agravios de fondo del Presidente de la República y la Cámara de Diputados se declararon fundados, con base en la jurisprudencia aplicable, lo que llevó a negar la protección federal.