El proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013 y su reforma del 18 de noviembre de 2015, es inconstitucional en cuanto a que la sola omisión de la parte quejosa de ejercer su derecho de prueba en el procedimiento de revisión electrónica no puede dar lugar a exigir el pago de la preliquidación mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio respecto de la aplicación de diversas disposiciones fiscales y la expedición de resoluciones misceláneas, al considerar que los actos reclamados a las autoridades ejecutoras y legislativas ya no existían o habían sido superados por otros posteriores. Sin embargo, negó el amparo contra la mayoría de las normas fiscales impugnadas. Concedió el amparo respecto al proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al considerar que la omisión de ofrecer pruebas en la revisión electrónica no justifica el cobro de una preliquidación por vía de ejecución.