Se revoca la sentencia reclamada debido a que el tribunal se equivocó al considerar que el contribuyente no tenía que demostrar que realmente prestó los servicios millonarios que cobró, solo por su régimen fiscal. Los contratos y facturas por sí solos no prueban que el trabajo existió en la realidad. Por ello, el caso se regresa para que el tribunal dicte una nueva sentencia, reconozca que el SAT sí puede exigir pruebas de que las operaciones fueron reales, y vuelva a revisar cuidadosamente todas las evidencias para decidir si los servicios verdaderamente se llevaron a cabo.