Las empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas como sociedades anónimas, no son personas morales oficiales para los efectos del artículo 7 de la Ley de Amparo, por lo que no están exentas de otorgar la garantía prevista en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal para la concesión de la suspensión del acto reclamado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de criterios para determinar si las empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas como sociedades anónimas, deben considerarse personas morales oficiales y, por ende, exentas de otorgar garantías para la suspensión del acto reclamado. El Pleno determinó que estas empresas no ostentan el carácter de personas morales oficiales, ya que su estructura como sociedad anónima limita la responsabilidad de los accionistas, y por tanto, deben cumplir con la exigencia constitucional de otorgar garantía para la procedencia de la suspensión.