La concesión de pensiones por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial de una entidad federativa, realizada unilateralmente por el Poder Legislativo de esa entidad, vulnera los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo de la misma entidad. El Poder Judicial impugnó un decreto que concedía una pensión por jubilación a un trabajador de dicho Poder, afectando su presupuesto. La Corte determinó que el decreto es inconstitucional porque el Poder Legislativo invadió la autonomía presupuestal y la independencia del Poder Judicial al disponer de sus recursos sin su intervención y sin garantizar los fondos necesarios. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso del Estado establecer de manera puntual cómo se cubrirá la pensión sin lesionar la autonomía del Poder Judicial.