El derecho a la salud reproductiva de las mujeres, incluyendo la interrupción del embarazo producto de violación, debe ser garantizado por el Estado sin imponer plazos irrazonables o discriminatorios, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad o discapacidad.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que establecía un plazo de noventa días para interrumpir embarazos producto de violación. La quejosa, una menor con parálisis cerebral, alegó que dicho plazo era inconstitucional por ser discriminatorio y obstaculizar el acceso a la salud reproductiva. La Sala determinó que las restricciones temporales irrazonables y la falta de consideración a la vulnerabilidad de la víctima contravienen los derechos humanos, ordenando la inaplicación de la norma en casos de violación y discapacidad.