Lo procedente es CONCEDER PARA EFECTOS la protección constitucional solicitada por la quejosa, en los términos siguientes: a) El Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar, emita una nueva resolución, en la que reitere los aspectos que no se estimaron violatorios de derechos fundamentales en perjuicio de la promovente de amparo; y, c) En lo relativo a la reparación del daño, declare improcedente la condena de actualización y recargos del Impuesto Sobre la Renta y únicamente condene a la quejosa a enterar el monto de lo defraudado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 92, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, aplicable en dos mil ocho, al tenor de las consideraciones expuestas en esta ejecutoria.