La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, ante la determinación de responsabilidad internacional del Estado Mexicano por omisiones en la investigación de delitos contra periodistas, el Tribunal Colegiado debe analizar los delitos materia de acusación y la responsabilidad del sentenciado, imponiendo las sanciones correspondientes sin agravar su situación jurídica, y verificando la posibilidad de libertad personal.

El caso aborda la actuación de un Tribunal Colegiado ante una sentencia que determinó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por omisiones en la investigación de delitos contra periodistas. La Corte determina que el Tribunal Colegiado debe analizar los delitos y la responsabilidad del sentenciado, imponiendo las sanciones sin agravar su situación jurídica y considerando la posible libertad personal, evitando así una dilación indebida y garantizando una resolución completa del asunto.