El cobro de derechos por la expedición de copias certificadas de documentos, para ser constitucional, debe guardar una relación razonable con el costo que para el Estado implica la prestación de dicho servicio, sin que persiga fines de lucro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2025, argumentando que los cobros por la expedición de copias certificadas de documentos eran excesivos y desproporcionados, vulnerando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. El Tribunal Pleno determinó que, si bien la expedición de copias certificadas implica la fe pública del funcionario, la cuota cobrada debe ser acorde al costo del servicio para el Estado y no perseguir lucro, pues se trata de una relación de derecho público. Por lo tanto, las normas que establecen cobros desvinculados del costo real del servicio son inconstitucionales.