La imposibilidad jurídica para cumplir una ejecutoria de amparo, cuando es inexcusable, da lugar a la imposición de las sanciones constitucionales y legales correspondientes a las autoridades omisas.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un incidente de inejecución de sentencia derivado de un juicio de amparo. La cuestión central fue determinar si procedía imponer sanciones a las autoridades responsables y superiores jerárquicos por la imposibilidad jurídica alegada para cumplir con la ejecutoria de amparo. Tras analizar el caso, la Corte determinó que la imposibilidad jurídica, al ser inexcusable, no exime a las autoridades de su responsabilidad, por lo que se determinó la procedencia de aplicar las sanciones constitucionales y legales.