El presupuesto de egresos de un poder judicial estatal debe ser suficiente para cubrir las obligaciones pensionarias que surjan de decretos emitidos por el poder legislativo, so pena de incurrir en responsabilidad por incumplimiento de sentencia de amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la suficiencia presupuestal para el pago de pensiones derivadas de un decreto legislativo. Se determina que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 no contempló partida alguna para cubrir las pensiones controvertidas, afectando al Poder Judicial estatal. Se establece que el incumplimiento injustificado de una sentencia de amparo, incluyendo la falta de suficiencia presupuestal, puede acarrear la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación.