La presunción de inocencia y el principio de mínima intervención del derecho penal exigen que los elementos probatorios que sustentan un auto de formal prisión sean suficientes y no se basen en conjeturas, especialmente al aplicar la figura de comisión por omisión, la cual debe ser sensible a la idea de que la intromisión en las libertades personales solo se justifica como última ratio.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la vulnerabilidad del imputado frente al poder punitivo del Estado, destacando que la presunción de inocencia opera en su favor y lo exime de la carga probatoria. Se enfatiza que el auto de formal prisión debe respetar los principios de mínima intervención y presunción de inocencia, requiriendo un estudio con alcance suficiente para valorar las pruebas. La resolución que confirma dicho auto debe basarse en datos concretos y objetivos, no en conjeturas, y la figura de comisión por omisión debe aplicarse de manera sensible a la última ratio.