La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la protección de las competencias constitucionales de los órganos autónomos justifica la procedencia de la controversia constitucional, incluso frente a resoluciones de otros órganos autónomos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la procedencia de una controversia constitucional interpuesta por la Fiscalía General de la República contra una resolución del INAI. Se determina que, si bien existe una regla general de improcedencia en ciertos casos, esta admite una excepción cuando la resolución de un órgano autónomo afecta las competencias constitucionales de otro. En el caso concreto, la Fiscalía argumentó que la orden de revelar nombres de su personal ponía en riesgo sus facultades en materia de seguridad pública y persecución de delitos.