La actualización de los valores catastrales de los predios, para efectos del impuesto predial, debe basarse en criterios objetivos y razonables, y no en motivaciones políticas o discrecionales.

El Congreso local, al modificar la iniciativa de reforma del Municipio de Mérida para actualizar los valores catastrales de los predios, no justificó debidamente el aumento propuesto. Se limitó a basarse en la inflación inmobiliaria, un parámetro inadecuado para el impuesto predial. La Suprema Corte sostuvo que la actualización debe fundamentarse en criterios objetivos y razonables, no en motivaciones políticas, citando la jurisprudencia P./J. 124/2004.