La autonomía e independencia judicial se vulneran cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo no respetan el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, asignando montos inferiores a los necesarios para su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones, como el pago de pensiones y jubilaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional donde el Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021. Se argumentó que el Poder Ejecutivo y Legislativo no respetaron el anteproyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial, asignando fondos insuficientes que afectaban su autonomía e independencia, especialmente en lo referente al pago de pensiones y jubilaciones. La Corte declaró la invalidez parcial de un decreto relacionado con la asignación presupuestal para pensiones y jubilaciones, reconociendo la vulneración a la autonomía judicial.