La fracción III del artículo 22 de la ley impugnada es inconstitucional al otorgar a la Auditoría Estatal la facultad de determinar daños y perjuicios y fincar responsabilidades resarcitorias, atribuciones que corresponden a los tribunales de justicia administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 22 de la ley impugnada. Dicha fracción otorgaba a la Auditoría Estatal la facultad de determinar los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública y fincar responsabilidades resarcitorias. La Corte consideró que esta atribución contraviene el artículo 109, fracción IV de la Constitución Federal, el cual establece que dichas facultades corresponden a los tribunales de justicia administrativa.
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