La suspensión definitiva procede respecto de actos de autoridades distintas a las recaudadoras y auditoras fiscales, cuando se satisfacen los requisitos legales para su concesión.

El tribunal colegiado modificó la interlocutoria recurrida. Negó la suspensión definitiva respecto de actos de autoridades recaudadoras y auditoras fiscales del SAT, pero la concedió para otros actos reclamados de autoridades distintas, como la Dirección General de Atención a Autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banorte, al cumplirse los requisitos legales para ello. Esto implica una distinción en el tratamiento de la suspensión según la naturaleza de la autoridad emisora del acto.