La invalidez de un decreto que impone una carga económica a un poder público, sin la previa asignación de los recursos presupuestales necesarios, vulnera la autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Poder Legislativo que concedía una pensión por jubilación a una trabajadora, imponiendo el pago al Poder Judicial sin transferir los recursos necesarios. La Corte declaró la invalidez parcial del decreto, al considerar que la imposición de una carga económica sin la debida asignación presupuestal viola la autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes, elementos esenciales para la independencia de los poderes judiciales locales. Se ordenó al Congreso del Estado modificar el decreto para asegurar que el pago de la pensión se realice con recursos suficientes, ya sea a cargo del propio Congreso o de otra entidad designada, garantizando así la autonomía del Poder Judicial actor.