La imposición de sanciones por la presentación de documentación apócrifa para acceder a un cargo público, aun cuando no se relacione directamente con el ejercicio de funciones, es constitucionalmente válida si se sustenta en el incumplimiento de requisitos de permanencia y certificación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de un acuerdo de inicio de procedimiento de separación del cargo. La quejosa argumentó que el acuerdo era inconstitucional al basarse en la presentación de un certificado apócrifo. Sin embargo, la Corte determinó que los argumentos eran infundados, ya que la sanción no se originaba en la responsabilidad administrativa en el ejercicio de funciones, sino en el incumplimiento del requisito de permanencia al no mantener vigente la certificación requerida.