La caducidad de los procedimientos administrativos iniciados de oficio opera por el simple transcurso del tiempo, sin necesidad de petición de parte o de acuerdo de la autoridad, cuando la resolución no se emite dentro de los plazos legales y el plazo adicional de treinta días previsto para el archivo de las actuaciones.

La Sala Regional en Yucatán del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad lisa y llana de una resolución sancionadora emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El tribunal determinó que el procedimiento administrativo caducó debido a la inactividad de la autoridad, la cual no emitió la resolución dentro de los plazos establecidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. La caducidad se configuró por el transcurso del tiempo, invalidando así el acto de autoridad.