que deriva el acto reclamado fue impugnado en sede administrativa. En el proyecto se propone declarar infundado el recurso, toda vez que si bien la quejosa reconoce la existencia de un crédito fiscal en su contra y haberlo impugnado en sede administrativa, ello es irrelevante para exentarla de garantizar el interés fiscal. El artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que, de concederse la suspensión contra un crédito, se debe garantizar el interés fiscal. El aspecto relativo a si está o no firme, solo trasciende para definir la forma en que habrá de otorgarse la garantía, pero no para exentar al contribuyente del requisito de efectividad.