La nulidad de un acto administrativo se declara cuando la autoridad que lo emite o la que ordena el procedimiento del cual deriva, carece de la debida fundamentación de su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio, o cuando no se cumplen los requisitos de suplencia por ausencia.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una resolución que impuso multas por infracciones a la Ley General de Salud. La nulidad se fundamentó en que la autoridad que emitió la orden de verificación sanitaria, actuando en suplencia, no cumplió con la debida fundamentación de su competencia material, citando de manera imprecisa los preceptos legales que le otorgaban facultades. Al ser un acto viciado de origen, la resolución impugnada resultó nula, sin necesidad de analizar los demás conceptos de impugnación.