La suspensión de actos futuros, como la aplicación de reformas legales que incrementan tarifas de impuestos o derechos, es procedente cuando el quejoso busca evitar el pago de multas y recargos, y la devolución de lo pagado resultaría de difícil reparación, siempre que se garantice el interés fiscal.

El presente caso analiza la procedencia de la suspensión de actos futuros derivados de reformas legales que aumentan impuestos o derechos. Se sostiene que dichos actos son razonablemente probables y susceptibles de suspensión para evitar daños de difícil reparación al quejoso, como el pago de multas y recargos. La suspensión procede si el quejoso garantiza el interés fiscal y la devolución de lo pagado no es un trámite sencillo o rápido.