La negativa de una ampliación presupuestal, sin justificación, por parte del Poder Ejecutivo estatal a un organismo autónomo, vulnera su autonomía presupuestaria y esfera competencial, máxime si los recursos solicitados provienen de fondos federales que le son devueltos al Estado.

El presente caso aborda la vulneración a la autonomía presupuestaria y la esfera competencial de un organismo autónomo, derivada de la negativa injustificada del Poder Ejecutivo estatal para conceder una ampliación presupuestal. Se argumenta que dicha negativa impide al organismo cumplir con sus funciones constitucionales y otorgar beneficios a sus trabajadores. La negativa es particularmente problemática dado que los fondos solicitados provienen de recursos federales (ISR) que son devueltos al Estado, lo que evidencia una capacidad presupuestaria y flujo de recursos que debieron permitir la ampliación.