El cobro del derecho por el servicio de alumbrado público municipal es inconstitucional cuando su base gravable se determina a partir de elementos ajenos al costo real del servicio, como la cercanía de los predios a las fuentes de iluminación, ya que esto transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales de Tlaxcala que establecían el cobro por el servicio de alumbrado público, argumentando que la base gravable se determinaba por el 'beneficio en metros luz' de los predios, lo cual violaba los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho cobro es inconstitucional porque la base gravable debe estar directamente relacionada con el costo del servicio y no con factores como la cercanía de los predios a las fuentes de luz, ya que esto genera un trato desigual y desproporcionado entre los contribuyentes.