La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión del Poder Legislativo de un Estado de respetar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial, al autorizar una cantidad mínima para el pago de pensiones, vulnera la autonomía e independencia judicial garantizada por la Constitución Federal.

El Poder Judicial del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional argumentando que el Poder Legislativo local no respetó su anteproyecto de presupuesto, autorizando una cantidad insuficiente para el pago de pensiones y jubilaciones. La Suprema Corte resolvió que esta omisión legislativa vulnera la autonomía e independencia judicial, al impedir al Poder Judicial cumplir con sus obligaciones financieras y decretos jubilatorios, afectando así su funcionamiento y patrimonio.