La autonomía de gestión presupuestal de los poderes judiciales locales es un principio fundamental de su independencia, cuya violación se configura cuando el poder legislativo de una entidad federativa impone unilateralmente el pago de pensiones con cargo al presupuesto de dicho poder judicial, sin su intervención y sin la transferencia de los recursos necesarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo de la misma entidad. El Poder Judicial impugnó un decreto que otorgaba una pensión por jubilación a una ex trabajadora, con cargo a su propio presupuesto, sin su consentimiento y sin la transferencia de los fondos necesarios. La Corte determinó que esta acción del Poder Legislativo constituye una intromisión indebida y una subordinación que viola la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial, declarando la invalidez parcial del decreto.