La declaración de infracción administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el único elemento relevante para el análisis de la ilicitud del hecho en un juicio de responsabilidad civil, sin que la sanción impuesta tenga impacto alguno en dicho juicio.

La imposición de sanciones por infracciones administrativas no tiene relevancia en un juicio de responsabilidad civil. Si bien la declaración de infracción del IMPI puede ser necesaria para acreditar la ilicitud del hecho, la sanción en sí misma no impacta en la procedencia de la acción civil. El análisis en sede civil debe centrarse en la ilicitud, la imputación, los daños y la relación de causalidad, independientemente de la sanción administrativa.