La notificación de un procedimiento administrativo que culmina con la desposesión de un inmueble debe ser legal y probada, y los agravios de las autoridades recurrentes deben ser específicos y referirse a pruebas concretas para desvirtuar la violación a la garantía de audiencia.

El presente caso aborda la suficiencia de los agravios presentados por autoridades recurrentes en un juicio de amparo, en relación con la violación a la garantía de audiencia. El tribunal determina que las afirmaciones genéricas de las autoridades sobre la notificación de un procedimiento administrativo y el estudio de pruebas no son suficientes para desvirtuar la presunta violación al artículo 14 constitucional, si no se especifican los actos de notificación y las pruebas concretas que debieron ser consideradas.