La nulidad de una resolución administrativa sancionadora procede cuando la autoridad no acredita plenamente las conductas infractoras ni valora adecuadamente las pruebas ofrecidas por el particular, contraviniendo los principios de fundamentación y motivación.
La Primera Sala Regional en el Estado de México I del TFJA resolvió un juicio de nulidad promovido contra una resolución de la PROFECO que impuso tres multas a una distribuidora de vehículos nuevos. La actora argumentó ilegalidad en las multas por falta de información en promociones, omisión de datos de emisiones en fichas técnicas y no entrega de pólizas de garantía. El Tribunal determinó que la PROFECO no acreditó debidamente las infracciones ni valoró las pruebas presentadas por la actora, declarando la nulidad de la resolución sancionadora.
Vista sintética de los datos extraídos. El texto íntegro está en la pestaña de la fuente oficial.