La imposición de un castigo sin que la infracción que lo motiva esté debidamente comprobada, constituye una violación a las garantías individuales.

Se establece que la imposición de una sanción o castigo, sin que la infracción que la fundamenta se encuentre debidamente acreditada, representa una vulneración a las garantías constitucionales del individuo. La falta de prueba fehaciente de la conducta infractora impide la aplicación legítima de una pena.