La concesión de pensiones por jubilación por parte de un Congreso local, con cargo al presupuesto de otro poder, vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que otorgaba una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial. La Corte determinó que dicha acción del Congreso local vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes, al interferir en la gestión de recursos de otro poder sin transferir los fondos necesarios. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto.