La garantía de exacta aplicación de la ley penal, prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los tipos penales describan de manera clara, precisa y completa las conductas que se consideran delictivas, así como sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar la ambigüedad y garantizar la seguridad jurídica de los gobernados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la garantía de exacta aplicación de la ley penal, derivada del artículo 14 constitucional. Se establece que esta garantía se incumple si la tipificación penal es confusa o incompleta, obligando a los gobernados a realizar interpretaciones analógicas para conocer las conductas prohibidas. La autoridad legislativa tiene el deber de describir detalladamente las conductas merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, para evitar confusiones y proteger el derecho de defensa del procesado. La falta de estos requisitos de certeza en la ley la vuelve violatoria del principio de taxatividad.