La obligación alimentaria debe determinarse ponderando la capacidad económica de ambos progenitores, la necesidad del acreedor alimentario y el principio de proporcionalidad, sin soslayar la perspectiva de género cuando sea pertinente.

El tribunal federal consideró que la sala de apelación incurrió en un error al determinar el monto de la pensión alimenticia. La sala responsable se limitó a realizar operaciones aritméticas sin un análisis pormenorizado de las constancias, llegando a conclusiones desproporcionales y sin considerar la situación integral de ambos padres. Se enfatiza la necesidad de juzgar con perspectiva de género como una obligación de impartir justicia.