El Congreso del Estado, al calificar la cuenta pública de un Municipio, debe fundar y motivar su determinación, máxime si se desvía del dictamen técnico emitido por el órgano de fiscalización superior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Municipio de Cajeme contra el Congreso del Estado de Sonora por no aprobar su cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. El Municipio argumentó que la decisión del Congreso carecía de fundamentación y motivación, ya que el órgano de fiscalización superior había emitido un dictamen favorable. La Corte analizó si el Congreso actuó dentro de sus facultades y si respetó los principios de legalidad, fundamentación y motivación al desestimar el dictamen técnico.