El derecho a la tutela judicial efectiva se vulnera cuando la interpretación de las normas procesales relativas al envío de demandas por correo certificado genera incertidumbre jurídica sobre el ejercicio de dicho derecho, al confundir los conceptos de residencia y domicilio fiscal.

El presente caso analiza la interpretación del antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado en 2009, que permite el envío de demandas por correo certificado. La Suprema Corte determinó que la confusión entre los conceptos de 'residencia' y 'domicilio fiscal' en la aplicación de esta norma genera incertidumbre jurídica y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, se considera que el análisis realizado por el Tribunal Colegiado fue incorrecto al no garantizar la certeza jurídica del gobernado.