Las medidas de apremio son herramientas para asegurar el cumplimiento de las determinaciones judiciales, y se aplican bajo el criterio y responsabilidad del órgano jurisdiccional, buscando garantizar que las resoluciones de suspensión sean efectivamente respetadas y que los derechos del quejoso no sean vulnerados por el incumplimiento de la suspensión del acto reclamado.

El criterio sostenido establece que las medidas de apremio, como la multa o el auxilio de la fuerza pública, son herramientas a disposición de los órganos jurisdiccionales para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, especialmente en casos de suspensión de actos reclamados. Estas medidas se aplican bajo el criterio y responsabilidad del juzgador y no constituyen un primer paso, sino una respuesta al incumplimiento de las autoridades previamente requeridas.