La supresión de plazas por motivo de reducción presupuestal en la Fiscalía General de la República, aun cuando afecte a peritos, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la reforma de 2019 estableció la prohibición absoluta de reincorporación al servicio en casos de cese, privilegiando el interés general sobre la afectación individual.

El presente amparo en revisión analiza la legalidad de la supresión de una plaza de perito en la Fiscalía General de la República, derivada de la aprobación del presupuesto de egresos de 2022. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha supresión, aun cuando resulte en la baja del perito, no viola el artículo 123 Constitucional. Esto se debe a que la reforma de 2019 a dicho precepto estableció la prohibición absoluta de reincorporación al servicio para miembros de instituciones policiacas, ministerios públicos y peritos, incluso si el cese es declarado injustificado, privilegiando el interés general sobre la reincorporación individual.