La invalidez de una norma que ordena al Poder Judicial del Estado cubrir pensiones, con cargo a partidas presupuestales específicas, debe ser parcial cuando se demuestra que dicha orden afecta la autonomía presupuestal del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez parcial de un decreto que ordenaba al Poder Judicial del Estado de Morelos cubrir pensiones, con cargo a partidas presupuestales específicas. La actora argumentó que el Congreso local disponía de los recursos financieros del Poder Judicial sin su intervención. Si bien se reconoció que el Congreso puede aprobar el presupuesto, se determinó que la forma en que se ordenó el pago afectaba la autonomía presupuestal del Poder Judicial, por lo que la invalidez se limitó a la porción del artículo que especificaba la forma de pago y la fuente presupuestal.