El juicio de amparo es procedente contra actos materialmente legislativos, como un reglamento, si se demuestra que su aplicación causa una afectación jurídica al quejoso, independientemente de que contenga un principio de ejecución.

El presente caso aborda la procedencia del juicio de amparo contra un reglamento y sus actos de aplicación, específicamente un pliego preventivo de responsabilidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si dicho acto de aplicación, derivado de un reglamento, contiene un principio de ejecución que afecta los intereses del quejoso, el juicio de amparo es procedente. Se enfatiza que la afectación directa y el perjuicio al gobernado son suficientes para considerar la procedencia, aun cuando existan etapas posteriores de revisión administrativa.