La concesión de pensiones por jubilación con cargo al presupuesto de un poder distinto al legislativo, sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera la autonomía presupuestal y la división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que otorgaba una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los recursos necesarios. La Corte determinó que este acto vulnera la autonomía e independencia presupuestal del Poder Judicial, al constituir una forma de subordinación y una intromisión indebida en su gestión de recursos, lo cual contraviene el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto impugnado.